El Desquite

He devorado —por segunda vez— con gran fruición las vibrantes páginas de este magnífico libro de Pedro J. Ramírez. El desquite. Los años de Aznar (1996-2000) supone la constatación de que no puede existir periodismo ético, político y ciudadano si el medio renuncia a su obligación de controlar la actividad del poder político y se dedica a mirar hacia otra parte para evitarse líos.

A este respecto, conviene recordar que Pedro J. fue despedido de Diario 16, a instancias de presiones gubernamentales, por Juan Tomás de Salas, en el momento en el que el periodista Ricardo Arqués descubrió un zulo con material informativo sobre los GAL y se dispuso a abordar el asunto en páginas interiores del citado periódico. Junto a Pedro J. se congraciaron varios periodistas, que antepusieron la ética a la comodidad profesional, y el servicio a los ciudadanos a la sumisión pro gubernamental. Lo que supuso el pistoletazo de salida del diario El Mundo, fundado en 1989.

Pero cuando Aznar llegó al poder, las promesas de regeneración democrática, ay, se evaporaron como por arte de ensalmo. El Mundo había hecho constar anteriormente la existencia de documentos del CESID que probaban la implicación del Gobierno de Felipe González en la puesta en funcionamiento de los GAL Pues bien, con la decisión adoptada por Aznar aquel 2 de agosto del 96, de no desclasificar dichos documentos, el Gobierno popular se estaba negando a cruzar el Rubicón de la regeneración democrática y del necesario aseo de las zahúrdas de Interior —y por extensión de los Servicios de Inteligencia— con el sórdido pretexto de no proyectar sobre la sociedad española la rencorosa imagen de andar a la caza y captura de sus predecesores. Como suele suceder en el PP, el cambio fue cosmético y nada sustancial. Por lo que el CESID pasaría a llamarse en adelante CNI. Menos mal que quedaba abierta la posibilidad de que los jueces, siguiendo la doctrina Enterría, adoptaran la iniciativa de depurar las responsabilidades del Ejecutivo anterior por medio de los tribunales. Sobre lo cual el Gobierno del PP no tenía nada que objetar porque entonces la pelota recalaba en el tejado de los magistrados y los populares quedaban libres para lavarse las manos como Pilato.


Pedro J. Ramírez y José María Aznar

Como los hechos suelen ser tozudos, El Mundo terminó por poner en la picota a determinados baluartes del felipismo a la luz de hechos delictivos que se iban esclareciendo y que exigían escarmiento judicial. Y como el diario de Pedro J. apuntaba cada día responsabilidades a mayor alto nivel —ya, Manglano había tenido que dimitir en 1995 por el caso de las escuchas ilegales del CESID—, los directamente afectados por las publicaciones de El Mundo decidieron tenderle una trampa a su director.

Con el abyecto montaje del vídeo urdido contra Pedro J. Ramírez, la Banda de Interior —Barrionuevo, Vera y asociados— pretendía correr un tupido velo con respecto a los crímenes acaecidos durante el Gobierno felipista, tales como los veintiocho asesinatos cometidos por los GAL, la Operación Shuto (popularmente conocida como Operación Mengele), el saqueo de los fondos reservados, Filesa, Roldán, Ibercorp, el BOE, y no sé cuántos más, con el fin de distraer la atención pública de cuanto en esos momentos estaba publicando El Mundo.

Que Ángel Patón —uno de los personajes que más activamente participaron en la trama del vídeo– regentara, durante la era felipista, un despacho distanciado a tan sólo veinticinco metros del que ocupaba Mister X, según la confesión de Julio Feo, sugiere, como mínimo, el conocimiento por parte del político sevillano de las fechorías que se estaban orquestando a su alrededor. No en vano, así lo hizo saber públicamente la otra protagonista del vídeo, la guineana Exuperancia Rapú Muebake —a la que Pedro J. conoció en un principio como Emma—, apuntando asimismo hacia el ex secretario de la Seguridad del Estado como el financiador de la Operación, bajo la consigna “Vera paga.”

Y Vera pagó. De modo que el histórico 29 de julio de 1998, sería condenado tanto él como el otrora ministro de Interior, José Barrionuevo, por la Sala II del Tribunal Supremo a diez años de cárcel por haber autorizado a los GAL a secuestrar en 1983 al ciudadano hispano-francés, Segundo Marey Samper, utilizando fondos reservados del Ministerio de Interior. El Tribunal Constitucional rechazaría posteriormente los recursos de amparo interpuestos por los condenados. Y España pudo, al fin, demostrar al orbe que la democracia no era un privilegio exclusivo de los países de ámbito anglosajón sino que también podía darse en suelo ibérico.

Francisco Javier Torá Jiménez